Este y otros asuntos de importancia para los órganos rectores de las Universidades de Andalucia fueron tratados con la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, en una reunión en la que, además, los representantes de la alianza presentaron las líneas generales de su proyecto.
Escasos recursos humanos, falta de financiación y una Ley del Ministerio de Universidades que tiene importantes fallas y es claramente insuficiente como solución al sector, fueron cuestiones coincidentes entre ambas partes.
”Andalucía necesita de Universidades mejor dotadas, mejor tratadas financieramente, más imbricadas con los sectores productivos y más atención de la administración, si queremos ser protagonistas del cambio hacia una economía verde en el siglo XXI”, expresó la coordinadora general de ‘Más País Andalucía’, Esperanza Gómez, que es profesora titular de la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Constitucional.
El coordinador nacional de Andalucía Por Sí, Modesto González, mostró su preocupación “por la ausencia de apuesta de Andalucía por la investigación, con falta de profesores en especialidades técnicas, restricciones de gasto o cargas administrativas que soportan las universidades y que en la práctica las hace inoperantes e inservibles para los objetivos académicos, científicos y de desarrollo económico que buscan”.
Por su parte el representante de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez, incidió en “los problemas de la Ley que prepara el Ministerio de Universidades, que ha conseguido poner de acuerdo a toda la comunidad universitaria en que es un proyecto inadecuado, falto de contacto con la realidad de la universidad española y completamente deficiente para renovar, apostar y relanzar el sistema universitario español”.
Otros temas que se abordaron en la reunión fueron la precariedad laboral del personal docente y administrativo, amén del alto número de interinos; los topes y cotas de gasto en inversiones que imponen las comunidades autónomas; los problemas de gobernanza que se intuyen del anteproyecto de Ley; y la ausencia de un plan integral y a largo plazo para la mejora de las Universidades basado en “el sentido común, la escucha activa y el apoyo desde la administración”.
